Art. 58.-
Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya
resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción
de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública o
de interés social de acuerdo con la Ley.
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de
interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, por el lapso
máximo de noventa (90) días.
Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes
ubicados en el sector urbano como en el sector rural, en función del avalúo
realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la Municipalidad en que se
encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales actualizados
de la zona.
El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%)
por ciento sobre dicho avalúo.
Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo,
en vía administrativa.
El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se
formalizarán en la respectiva escritura pública, que se inscribirá en el
Registro de la Propiedad.
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